LAS CONTRALORÍAS ¿A QUIEN CONTROLAN?

Por cometer infracción,
El infractor que decida,
¿Quiere pagar un multón?
¿Prefiere dar la mordida?,
¿La moral renovación?,
¿Simpleza administrativa?

Ante el reclamo de la población por la corrupción creciente, Miguel de la Madrid ofreció, “la renovación moral de la sociedad” y “la simplificación administrativa” durante su campaña y al tomar posesión como Presidente en 1982, creó la Secretaría de la Contraloría de la Federación y la Coordinación de Estudios Administrativos.

Además, en cada una de las dependencias del gobierno federal y en las empresas públicas se crearon órganos de control bajo el nombre de contralorías internas y el modelo se reprodujo en todas las entidades federativas y empresas paraestatales y el personal dedicado a “evitar la corrupción” creció en forma exponencial.

A los pocos meses y como parte del humor popular, empezó a circular un chiste haciendo alusión a esta situación. Un automovilista se pasó un alto y fue detenido por un agente de tránsito, el cual le dijo que tendría que levantarle una infracción y que perdería gran cantidad de tiempo y dinero para pagarla, porque hay mucha gente y solicitan muchos papeles, por lo que se ofrecía a perdonarle la multa a cambio de una gratificación en efectivo de menor monto. El automovilista le dijo que eso se llamaba mordida y no estaba dispuesto a dársela. El agente le dijo: “usted escoja, se va por la renovación moral o por la simplificación administrativa”. Pasan los años y la mayoría sigue optando por la segunda y aumentan corrupción e impunidad.
La mencionada Secretaría ha cambiado varias veces de nombre: Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (bajo la hipótesis de que parte de la corrupción obedece a procesos y trámites burocráticos poco transparentes y complicados). Ahora se llama Secretaría de la Función Pública.

¿Por qué no ha funcionado este sistema que tanto nos cuesta? ¿Por qué sigue en aumento la corrupción? ¿Por qué no se castiga a los culpables de ilícitos? ¿Por qué siguen siendo tortuosos muchos trámites burocráticos? En mi opinión el problema reside en la falta de autonomía de dichos órganos de control, ya que los titulares de los mismos son designados por el funcionario, cuya administración debieran supervisar y auditar y obviamente se convierten en órganos al servicio del mismo para aplicar todo el rigor de la ley a enemigos o contrincantes políticos y hacerlos a un lado y para cubrir y encubrir los actos ilícitos de ese funcionario y su grupo de confianza.

Existe la Contaduría Mayor de Hacienda que hace funciones similares y que no depende del poder ejecutivo sino del legislativo. Tampoco puede actuar con plena autonomía, pues al igual que en los llamados órganos autónomos como el IFE, el Instituto de Derechos Humanos, el de Acceso a la Información, etc, los titulares y consejeros son nombrados por el Congreso, después de una negociación entre partidos políticos, por lo que una vez instalados responden y obedecen a sus padrinos.

Es urgente crear órganos ciudadanos que sustituyan a estas contralorías tan costosas como ineficientes. Se requiere modificar la forma de designarlos, de manera que las propuestas y selección de candidatos surjan de las universidades y de otros grupos autónomos, exigiendo requisitos de honestidad y conocimientos.