Las Cartas sobre la mesa (#20)

Por: Guillermo Castellanos G.

Un grupo de intelectuales,
La ENERGÍA bien ha estudiado,
Detectó todos sus males,
Y su Reforma ya ha enviado,
Semanas trascendentales,
Pa’l País y pa’l SENADO.

Un amplio grupo plural, integrado por intelectuales, técnicos y científicos de diversas disciplinas, trabajó más de tres semanas, a partir de la terminación de los Foros, para elaborar una evaluación de las iniciativas del gobierno y del PRI, formular un plan de emergencia en materia energética y elaborar una serie de iniciativas legales sobre energía y petróleo acordes con la Constitución. Aunque la mayoría de ellos no pertenece a partido político alguno, los unió la firme convicción de la importancia económica, política y social de los recursos petroleros y del mandato constitucional de que sea el Estado el que en forma exclusiva los administre, por lo que entregaron su trabajo al FAP (integrado por el PRD, el PT y Convergencia), quien lo entregó al Senado hace unos días como una aportación sin precedente de la sociedad.

Los gobiernos recientes incrementaron la extracción de crudo y su exportación y en 2004 llegó a su máximo: 3.38 Millones de barriles diarios la primera y 1.82 la segunda (80% con destino a EEUU), con muy baja restitución de reservas y acelerado agotamiento de yacimientos. Finanzas Públicas petrolizadas (de cada peso que ingresa al erario 40 centavos provienen de Pemex), sin destinar recursos a inversión y menos a inversiones en la industria petrolera. Se usa un patrón de crecimiento en la generación de electricidad basado en la importación de gas natural. Aumentan las importaciones de gasolinas y petroquímicos, crece el deterioro ambiental y todo con un bajo ritmo de crecimiento de la economía. El paulatino y deliberado debilitamiento de las entidades públicas del sector energético, es el pretexto para aumentar la participación de las trasnacionales en actividades reservadas al Estado.

La propuesta del FAP se compone de 7 iniciativas y destaca: fortalecer la prohibición de los contratos de riesgo; Dar preferencia en igualdad de condiciones, en la contratación de obras y servicios, a personas de nacionalidad mexicana; Dejar asentado que en ningún caso Pemex se someterá a la jurisdicción de tribunales internacionales por controversias por contratos con firmas extranjeras; Eliminar “la contratación sistemática” que Pemex realiza desde hace años con consorcios extranjeros, al incentivar el desarrollo de firmas nacionales de ingeniería para los trabajos y servicios en los que la iniciativa privada puede participar, según lo previsto en la Constitución; Se proponen 11 consejeros en lugar de 15 de las otras iniciativas (6 de la empresa, 2 del sindicato y 3 en representación de la sociedad), o sea que disminuye de 5 a 2 el número de representantes del sindicato y deja fuera a los dirigentes del gremio, ya que deberán ser trabajadores en activo elegidos mediante voto secreto y directo; Crear un Comité de Fiscalización y Transparencia para combatir la corrupción y el tráfico de influencias.

Adicionalmente se incluyó un Plan de Acción Inmediata, que propone “mandatos claros para el presupuesto de 2009 en materia de inversión”, dirigida a exploración que, de acuerdo con los expertos, ha sido mal aplicada, y se demuestra que con el presupuesto que existe se pueden construir dos o tres refinerías y darle un fuerte impulso a Pemex”.Las cartas están sobre la mesa. El Congreso discutirá, en las próximas semanas, dos proyectos de reforma, que difieren radicalmente. El presentado por el PRI, al que aparentemente se sumará el PAN, pretende seguir empequeñeciendo Pemex, al seguir subdividiéndolo en pequeñas empresas “paraestatales filiales” y desmantelándolo de sus funciones, para entregarlas al sector privado y más bien a las trasnacionales que de hecho ya están operando en México, para ello el PRI modificó hace unos días sus bases, para permitir la inversión privada en el sector y eliminar ese obstáculo. La propuesta alternativa del FAP, persigue el fortalecimiento de Pemex, como una gran industria nacional, por la vía de reinvertir sus ganancias e impedir el saqueo tradicional a esta industria. Además están las propuestas de los Foros del Senado y de la UNAM y el resultado de la consulta popular. El Congreso tiene la palabra.